El Foro por la Vida, junto a otras organizaciones de derechos humanos que abajo suscriben, expresan su más profundo rechazo ante la desaparición y presunta masacre de 28 trabajadores mineros el pasado 4 de marzo en la población de Tumeremo, en el estado Bolívar
Las denuncias previas al hecho respecto a la presencia de grupos irregulares vinculados al control de las minas, paralelo a la existencia de al menos cinco instancias de seguridad pública en la zona (Cicpc, Ejército; Guardia Nacional, Sebin) evidencian la negligencia estatal y justifica la desconfianza de la comunidad hacia las instituciones y los funcionarios. La negación inicial de la situación por parte del Gobierno regional, la ausencia de respuestas oficiales contundentes y la presunta vinculación de funcionarios de seguridad en los actos de violencia alimentan los temores de los vecinos e inhibe el testimonio de los testigos por riesgo de represalias.
La debilidad del Estado se revela en la desconfianza hacia las instituciones, en la desestimación de las denuncias previas, además de la notoria presencia – según los habitantes de Tumeremo – de cuerpos de seguridad estatales en las alcabalas dispuestas por los grupos irregulares para la custodia de las minas.
La inexistencia de organismos de seguridad que hagan cumplir las leyes, además de su presunta complicidad con hechos delictivos, se traduce en la ausencia de garantías que deja a las personas en un estado de indefensión y vulnerabilidad, lo que ha dado paso a la violación de sus derechos.
En este sentido exigimos al Gobierno regional y nacional:
1.- Garantizar la celeridad, diligencia y transparencia del proceso de investigación por parte del Ministerio Público a fin de aclarar los hechos y establecer las responsabilidades de manera conclusiva con un procedimiento adelantado de manera independiente.
2.- Preservar la integridad física y psicológica de los testigos, lo que supone evitar mecanismos de coacción de cualquier tipo en el marco de la investigación para resolver el caso.
3.- Respetar el derecho a la protesta pacífica como mecanismo legal y legítimo de demanda por parte de los familiares y la población afectada.
4.- Adelantar un proceso transparente de revisión de los cuerpos de seguridad y demás agentes estatales sospechosos de estar vinculados en actos delictivos, con el propósito de garantizar la existencia de instancias de seguridad que preserven en el marco de la legalidad los derechos humanos de todas las personas.
Suscriben:
Acción Ciudadana Contra el SIDA (Accsi)
Acción Solidaria en VIH (Acsol)
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz A.C.)
Asociación Civil María Estrella de la mañana
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Civilis Derechos Humanos
Comisión de Justicia P paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
Codevida
Convite AC
Derechos humanos del Vicariato de puerto Ayacucho
Espacio Público
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres)
Fundación Aguaclara
Fundación CIIDER
Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente (Fepap)
Fundación Reflejos
Grupo de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas
Laboratorio de Paz
Movimiento Vinotinto
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de Salud
Provea
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (Sohl)
Transparencia Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas