Organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos humanos que hacen vida en la comunidad universitaria se pronuncian ante los continuos ataques del Estado venezolano, en detrimento de las condiciones del gremio de profesores universitarios venezolano, y otras situaciones que atentan contra la libertad académica y la autonomía universitaria dentro de las casas de estudio superior.
Desde el año 2017 se han venido presentando una serie de situaciones conducidas por el gobierno nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), dirigidas a mermar las condiciones socio económicas de los profesores universitarios en Venezuela. En junio del referido año, se produjo la aprobación de la III Convención Colectiva Única del Sector Universitario, donde el personal docente y de investigación fue expresamente excluido de participar en el proceso de discusión y la conformación de las mesas de trabajo para la elaboración de la misma.
Las tablas salariales contempladas en la III Convención Colectiva resultan insuficientes incluso para el acceso a la cesta básica familiar por parte del gremio profesoral venezolano, aún después del aumento del 50% decretado por el Presidente de la República en fecha 18 de abril de 2018, donde el monto devengado por un profesor universitario con escalafón de de Titular a Dedicación Exclusiva es de unos USD $ 8,5 (Según una tasa de cambio del mercado paralelo de Bs. 820.000 x USD a la fecha de 14/05/2018).
Adicionalmente, el sistema de salud de los profesores universitarios se encuentra en crisis. Desde la creación del Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria (SISMEU) en marzo de 2017, lo que supuso la apropiación unilateral y arbitraria de las competencias de las universidades en lo que respecta al sistema de asistencia en salud, han existido reiterados pronunciamientos por parte de las distintas asociaciones de profesores universitarios donde se denuncia la insuficiencia de los montos para asistencia médica e incluso para el acceso a medicamentos básicos, montos que rondan los Bs.1.000.000,00
A lo anterior se suma, la pretensión del MPPEUCT de desconocer el aumento de sueldos al sector universitario. Según denuncias realizadas por la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, las universidades han recibido instrucciones de parte del MPPEUCT indicando que al aumento de 155% decretado el 1 de mayo, debía descontársele el aumento de 50% decretado en abril de 2018 por el Ejecutivo Nacional.
En este sentido, debe recordarse que según la homologación ordenada en 2016 por el Ejecutivo Nacional cada aumento individualmente debe ser aplicado al sector universitario, es decir, sería en un 205% (50% según aumento de abril y 155% según aumento de mayo de 2018).
Los centros universitarios de derechos humanos y demás organizaciones que hacen vida en la comunidad universitaria nacional manifiestan su profundo rechazo ante las situaciones expuestas, las cuales son el reflejo de una actuar sistemático y generalizado por parte del Estado venezolano en contra de las universidades nacionales, ocasionando una vulneración directa a la libertad académica y produciendo una inestabilidad manifiesta del sistema de educación superior venezolano al afectar uno de sus más importantes componentes: el gremio profesoral.
- Acceso a la Justicia
- Aula Abierta.
- Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia.
- Comisión de Derechos humanos de la Federación de Colegios de Abogados del estado Táchira.
- Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela.
- Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos.
- Federación Interamericana de Abogados Capitulo Venezuela Seccional Anzoátegui
- Una ventana a la libertad.
- Organización StopVIH.
- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes.
- Proyecto RedDes UCLA.
- Un Mundo Sin Mordaza.
- Venezuela Diversa.
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