Bachelet pide libre acceso a la información de interés público en Venezuela

El informe presentado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofrece con suma crudeza y alcance, una visión detallada, exhaustiva y certera de la situación humanitaria y de derechos humanos que se vive en Venezuela. A continuación 8 puntos que resaltan del informe de la Alta Comisionada:

Derechos Económicos y Sociales

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que “crisis económica y social se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019” puesto que la contracción  económica era grave, la inflación no se detenía y los ingresos de los venezolanos perdieron su valor adquisitivo.

Por otro lado, el desvío de recursos, la corrupción, la falta de mantenimiento en la infraestructura pública y la subversión, fueron otros de los puntos por los cuales consideró que la población venezolana está afrontando diversas e interrelacionadas violaciones a sus derechos económicos y sociales.

Derecho a la salud

Michelle Bachelet, estipuló que los Derechos a la salud son vulnerados. Conoció mediante los testimonios de venezolanos entrevistados que la calidad de atención a la salud “lleva años deteriorándose” situación que se agrava por el éxodo de doctores y personal de salud, así como por la escasez y el difícil acceso a los medicamentos.

Las familias de los pacientes tienen que suministrar la mayoría de los insumos básicos, entre ellos; agua, guantes y jeringas. Aunado a esto, menciona el difícil acceso a todos los tipos de anticonceptivos, lo que aumenta el riesgo de contraer VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

Derechos Civiles y Políticos

Maduro ha tratado de imponer una “hegemonía comunicacional en Venezuela” con el fin de mostrar su propia versión de los hechos limitando radicalmente a que los medios de comunicación convencionales no rompan el esquema informativo impuesto por el régimen, quienes se han encargado de cerrar arbitrariamente docenas de medios impresos, emisoras de radio y han impedido que los canales de televisión puedan renovar la concesión.

Los medios de comunicación digitales se convirtieron en la fuente principal de información de los venezolanos, quienes navegan en  internet con la velocidad más lenta de Latinoamérica, debido a la falta de inversión en infraestructura, hecho que limita el acceso a la información en estos medios.

De igual forma el régimen ha implementado mecanismos de censura  como los bloqueos a sitios web de información y a las principales redes sociales.

Represión selectiva y persecución por motivos políticos:

Expresó que en los últimos 10 años, el Gobierno, así como las instituciones y organismos de seguridad del Estado “han aplicado leyes y políticas que fomentan la erosión del estado de derecho, desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”. Estas medidas buscan “neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores al régimen de Maduro.

Desde 2016,  después que la oposición  ganará la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional,  hubo un incremento en estas amenazas.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) son los organismos de seguridad del Estado encargados de llevar acabo represión selectiva y persecución por motivos políticos en Venezuela.

Uso excesivo de la fuerza y muertes en el contexto de las manifestaciones contra el Gobierno

La Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, expresó preocupación por la crisis política, social y económica que se fue agudizando desde 2014, las manifestaciones contra el gobierno aumentaron en número e intensidad, hasta hoy los motivos siguen vigentes.

Según el gobierno, en 2017 ocurrieron 12,913 manifestaciones, 7,563 en 2018 y 3,251 entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2019. Sin embargo, de acuerdo a la ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS), se produjeron 9,787 manifestaciones en 2017, 12,715 en 2018 y 9,715 entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019.

En el informe se estipula que en 2019 la mayoría de las manifestaciones llevadas a cabo no hubo uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, se presume que la GNB, la PNB, las FAES y policías estatales y municipales, hicieron uso excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo y desalentar futuras manifestaciones.

Acceso efectivo a la justicia

La mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos señaladas en el informe no han tenido un acceso efectivo a la justicia, el gobierno de Maduro reconoció este problema y pidió ayuda a Bachelet para la resolución del mismo.

Según las entrevistas, son pocos los venezolanos que presentan denuncias por miedo a represalias y falta de confianza en el sistema de justicia.

Cuando lo hacen, las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes.

Grupos en situación de riesgo

Michelle Bachelet hizo énfasis en los pueblos indígenas, como población originaria, ellos constituyen el 2,5% de la población venezolana y hay más de 50 etnias indígenas.

Como comunidad Indígena enfrentan los mismos desafíos a sus derechos humanos que la población en general. La crisis humanitaria ha causado un gran desequilibrio en la estabilidad de los derechos económicos y sociales de muchos pueblos indígenas, especialmente sus derechos a un nivel de vida digno, incluido el derecho a la alimentación y a la salud.

Colectivos armados también recurrieron a la violencia contra manifestantes, a menudo en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado.

El cierre de las fronteras de Venezuela con Brasil tuvo consecuencias graves en los grupos indígenas cuyos territorios tradicionales se extienden a ambos países, como los wayuu.

Recalcó que hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados que se dedican a la minería ilegal.

Personas migrantes y refugiadas

La Alta comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos mostró preocupación por el número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela debido a la difícil situación de vida, principalmente la económica y la social.

El éxodo venezolano aumentó  dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019.

Colombia es el principal receptor de migrantes y refugiados Venezolanos, seguida por Perú, Chile, Argentina, Ecuador y  Brasil. Las violaciones de los derechos a la alimentación y la salud son otros de los  factores por los cuales los venezolanos migran para buscar protección a su derecho a vivir con dignidad.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dejo en completa evidencia los resultados de la formula politica, económica y social implementada por el Régimen de Nicolás Maduro. Los cuales apuntan a un desmoronamiento de los derechos humanos en Venezuela en todos sus aspectos. 

Si bien es cierto, la visita de Bachelet no saca a la dictadura del poder, aporta muchísimo a la presión internacional y sirve como precedente para la distribución de responsabilidades en el futuro. Para leer el informe completo haz clic aquí.

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