Los primeros casos de COVID-19 en Venezuela fueron confirmados el 13 de marzo 2020 y, debido a su rápida propagación en otros países, los venezolanos entraron en cuarentena desde el 15 de marzo del mismo año. Hasta el 31 de mayo de 2020, en el país se han confirmado 1510 casos y 14 fallecidos por el virus.
En emergencias de salud pública, es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados sobre cifras, decisiones de Estado, prevención y el avance de los acontecimientos, por lo que la labor de los periodistas y medios de comunicación para ofrecer información oportuna y veraz resulta de suma importancia.
Durante la cuarentena se ha observado una profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, así como el deterioro de la calidad y el acceso a los servicios públicos básicos como: electricidad, agua potable, gas doméstico y telecomunicaciones.
Así mismo, la escasez y el difícil acceso a la gasolina se ha agudizado, limitando el trabajo informativo que realizan los medios de comunicación y periodistas en el país. Medios impresos se han visto en la obligación de suspender su distribución por falta de combustible para el traslado de sus empleados y ejemplares; y los ciudadanos se han visto en la necesidad de realizar colas por días para abastecer sus vehículos del combustible, algunas veces sin poder lograrlo.
Por otro lado, la constante inestabilidad eléctrica en el país ha ocasionado que distintas emisoras deban salir del aire temporalmente, debido a que sus equipos de transmisión son gravemente afectados por las fallas eléctricas, que a su vez han tenido un impacto significativo en la conectividad a Internet, limitando el acceso a los medios informativos y la difusión de noticias.
A pesar de esto, se decidió flexibilizar la cuarentena en el momento de mayor incremento de contagios del virus. Además, la dictadura ha buscado aumentar su hegemonía sobre los medios de comunicación tradicionales, así como censurar y controlar las plataformas digitales como redes sociales y páginas web informativas, utilizando instituciones que deberían ser autónomas e independientes como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), sumando a esto las fuerzas y funcionarios policiales y militares de todo el país.
En el presente informe se documentaron un total de 108 casos de violaciones de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información durante la pandemia de COVID-19 en Venezuela; los cuales se traducen en: detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos, obstaculizaciones, ciberataques y bloqueos a páginas web; y en los que por lo menos 94 medios de comunicación y 79 trabajadores de la prensa se han visto afectados directa o indirectamente, contraviniendo lo establecido en artículo 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción.
“…podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta constitución, salvo las referidas a (…) el derecho a la información y los demás derechos intangibles”.
Artículo 337 de la CRBV
“No podrán ser restringidas (…) las garantías de los derechos a: (…) la información”.
Artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción
