El Consejo por la Libertad de Expresión en Venezuela (CLEX) es un proyecto emergente enfocado en generar espacios colaborativos en el que representantes de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, artistas y académicos puedan impulsar, buscar apoyo y consolidar alianzas nacionales e internacionales en beneficio de la democracia en Venezuela.
Como parte de estos esfuerzos y ante el contexto represivo que enfrentan los factores prodemocráticos en el país, el CLEX generó un informe sombra para documentar, denunciar y difundir los principales hallazgos presentados por organizaciones de la sociedad civil con respecto a las vulneraciones de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información en Venezuela durante el año 2021.
Durante muchos años en Venezuela se ha mantenido una política de Estado que tiene como objetivo disminuir cada vez más los espacios informativos, independientes y democráticos, censurando todo aquello que contradice las gestiones y narrativas del régimen; el cual ha adoptado prácticas enfocadas en controlar, vigilar y perseguir a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y la sociedad civil en general. Para Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela y miembro del CLEX, “la democracia no puede respirar sin la libertad de expresión. Si la libertad de expresión es vulnerada es porque hay algo de esa democracia que está fallando”.
En este informe sombra, se explica cómo el régimen ha generado herramientas para aumentar su control sobre la libertad de expresión en el país. La promulgación y actualización de marcos pseudolegales como la “Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos” y la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” han promovido la aplicación de medidas arbitrarias como cierre de medios radiales y televisivos; bloqueos a sitios web de medios de comunicación informativos, plataformas de redes sociales y herramientas para evadir la censura; persecución judicial y detenciones arbitrarias a los actores democráticos en el país, por opinar, informar, documentar, llamar a la protesta pacífica o simplemente emitir un mensaje satírico que involucre a funcionarios allegados al régimen. “La ausencia de libertad de expresión solo le da más poder a los poderosos y vulnera más a los vulnerables”, expresó Melanio Escobar, director de RedesAyuda y miembro del CLEX.
Por otro lado, el informe documenta parte de los esfuerzos del régimen para aumentar su control y vigilancia en plataformas digitales. Un ejemplo de ello es la adquisición de equipos de la empresa Cellebrite por parte de dos organismos de seguridad del Estado, o las nuevas discusiones por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para la implementación de un punto de intercambio de tráfico de internet (IXP, por sus siglas en inglés) en el país, ya que si bien el mismo permitiría a los proveedores de internet nacionales intercambiar tráfico de red local a menor costo y con mayor velocidad, también podría significar más censura en internet, especialmente por la forma cerrada y poco transparente en que se llevaron a cabo las discusiones. “La libertad de expresión es la más esencial de las libertades, sin ella no podemos ejercer ninguna otra”, expresó Ricardo del Búfalo, miembro del CLEX.
Durante muchos años, los trabajadores de la prensa en Venezuela han llevado a cabo sus labores informativas en un contexto represivo, sin Estado de derecho y bajo normativas restrictivas que los han obligado a enfrentar acciones extrajudiciales como ser obligados a retirarse del lugar de los hechos o borrar el material documentado en sus equipos bajo amenazas. Algunos han sido perseguidos judicialmente, lo que los ha llevado al exilio o a ser detenidos de forma arbitraria. “La libertad de expresión garantiza, entre otras cosas, que los ciudadanos tengan la mayor cantidad de información para tomar las mejores decisiones posibles”, Nelson Eduardo Bocaranda, miembro del CLEX.
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