En Venezuela, la política de Estado del régimen de Nicolás Maduro sigue teniendo como propósito disminuir cada vez más la difusión de contenidos que son críticos a sus gestiones, y se caracteriza por la persecución hacia trabajadores de la prensa, activistas, defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes, atacándolos con discursos amenazantes, desprestigiando sus labores periodísticas y promoviendo el miedo y la autocensura.
Medios de comunicación continúan enfrentando bloqueos y ataques cibernéticos que restringen el acceso a la información que difunden en sus plataformas. La disidencia en el país también continúa enfrentando amenazas y hostigamientos, agresiones físicas y verbales, y detenciones arbitrarias por documentar una protesta, cuestionar las gestiones del régimen o simplemente por difundir un video satírico en redes sociales.
Por otro lado, continuaron haciendo uso de estas plataformas, no solo para emprender campañas a favor de sus grandes aliados, también han desarrollado una serie de estrategias con el objetivo de garantizar que sus narrativas se posicionan en redes sociales. Un ejemplo de ello, es el ejército de cuentas manejadas por personas que reciben bonos semanales a través del Carnet de La Patria y que ayudan a posicionar tendencias con propaganda chavista.
Asimismo, el régimen sigue avanzando en la promoción y aprobación de pseudoleyes destinados a profundizar su control y censura. No solo lo seguimos viendo en las detenciones arbitrarias fundamentadas en la “Ley Contra el Odio”, también con las nuevas discusiones sobre la “Ley del Ciberespacio” y una nueva actualización a la ley RESORTEME para regular las redes sociales.
Por último y como RedesAyuda lo ha venido documentando la vigilancia y control sobre la libertad de expresión sigue siendo uno de sus objetivos principales. Esto se puede ver, por ejemplo, en la relación del régimen con la empresa Cellebrite, en la discusión a puerta cerrada sobre la implementación de un IXP, el cual si bien brinda grandes beneficios, por el historial de CONATEL en conjunto con el régimen para controlar medios de comunicación tradicionales y digitales esto supondría más vigilancia; y en evidencias como las que fueron difundidas recientemente, en las cuales se visibiliza cómo la empresa Telefónica cuadriplicó la intervención de teléfonos en Venezuela a petición del régimen de Maduro.