Mérida, 24 de mayo de 2018
Entre enero y abril de 2018 se registraron alrededor de 106 protestas sólo en el Estado Mérida motivadas por la carente prestación de servicios básicos tales como el gas doméstico, el transporte público, la recolección de basura y la electricidad, lo que ha provocado un ingente nivel de descontento en la sociedad emeritense cuya única salida ha sido manifestarse pacíficamente en las calles de la ciudad para exigir a las autoridades competentes la satisfacción de sus necesidades esenciales pues la calidad de vida del ciudadano ha decaído de manera significativa en los últimos años.
Aunado a ello, del evento electoral del pasado domingo 20 de mayo, por demás ilegal de origen, se evidenció el contundente rechazo de la población hacia la propuesta de la clase política gobernante, los actores internacionales invitados a actuar como “observadores” y los supuestos resultados del proceso; todo lo cual quedó expresado de manera firme a través de una masiva abstención como muestra clara de la absoluta desconfianza del ciudadano en las instituciones del Estado; condiciones éstas que pudieran agravar la crisis humanitaria que padece Venezuela dada la ausencia de alimentos y medicinas, la escasez de transporte público, el alto costo de la vida, la inseguridad personal, entre otros factores negativos que no desaparecerán por la sola celebración de procesos electorales espurios.
Asimismo, vale reseñar que se ha hecho un uso distorsionado del derecho al voto como herramienta de control social discriminatorio y no como lo que realmente es: una prerrogativa de la que goza todo ciudadano según lo dispuesto en los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos acogidos tanto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como por el resto del ordenamiento jurídico nacional, que aboga por la participación ciudadana libre y voluntaria para la consolidación de un sistema democrático caracterizado por la legitimidad.
El gobierno de Venezuela y toda la clase política del país ha recibido un contundente mensaje de los ciudadanos por medio de la decisión de la mayoría de no asistir a votar el 20 de mayo. Ello debe conducir al replanteamiento del escenario político, social y económico asi como de un conjunto soluciones factibles a la crisis que se vive a lo largo y ancho de la nación.
En virtud de lo expuesto, el panorama no resulta alentador: se espera un incremento de las protestas en los próximos días, razón por la cual hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que se respeten las libertades de asociación y reunión pacífica incluyendo el derecho a la asociación política; que cese la represión y la persecución hacia las personas por medio de instrumentos como la “Ley Contra el Odio…”, cuya aplicación resulta de una praxis oficial subjetiva de la norma jurídica que no se corresponde en absoluto con los preceptos del Estado democrático y social de Derecho y de justicia que proclama la Carta Magna patria.
Coordinación de Asuntos Legales/
PROMEDEHUM
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