El 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Según la UNESCO, el “acceso universal” es inescindible del derecho a obtener y recibir información, parte integral del derecho a la libertad de expresión.
En Venezuela, no habrá mucho que celebrar.
Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su facultad de regular los medios de comunicación, y ha actuado enérgicamente para reducir la cantidad de medios que expresan una posición crítica. La legislación vigente concede al gobierno la potestad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”, de permitir la clausura de sitios web en el supuesto de “incitación” —una infracción definida de manera muy poco precisa— y de penalizar las expresiones “ofensivas” sobre funcionarios públicos. Si bien algunos pocos periódicos, páginas web y estaciones de radio siguen expresando críticas al gobierno, la autocensura por temor a represalias gubernamentales es habitual.
Ante las dificultades cada vez mayores que enfrentan los medios de comunicación independientes, los venezolanos recurren a Internet para informarse. Sin embargo, en los últimos meses, la empresa estatal CANTV —el principal proveedor de Internet en Venezuela— ha bloqueado reiteradamente el acceso a medios claves de noticias como La Patilla, El Nacional y El Pitazo, según la ONG venezolana Redes Ayuda. Además, apenas la mitad de la población de Venezuela tiene acceso a Internet, afirma IPYS, otra organización que monitorea la libertad de expresión.
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