Quien suscribe, PROMEDEHUM – Promoción Educación Defensa en Derecho Humanos, expresa su profunda preocupación por la inexistencia de una investigación transparente y eficaz que establezca responsabilidades por los hechos acaecidos entre febrero y junio de 2017 en Mérida.
UN AÑO SIN JUSTICIA
Entre febrero y julio de 2017 se registraron diversos hechos violentos en medio de las protestas que se repitieron a lo largo y ancho del Estado Mérida, las cuales arrojaron al menos mil doscientas (1200) personas heridas entre ellas muchas de gravedad, así como un total de diez (10) personas asesinadas en circunstancias que aún permanecen sin esclarecerse. Ni las autoridades nacionales ni mucho menos las regionales se han centrado en la investigación de los eventos que condujeron a las muertes, sumándose una onceava víctima como lo es Anyelo Quintero quien fue herido el 28 de junio de 2017 y falleció en febrero del presente año.
El silencio aturdidor de las autoridades competentes a poco más de seis (6) meses de su ascensión al poder regional, ha dejado más incógnitas que respuestas pues ni siquiera se han indagado los sucesos que aparentemente se desarrollaron al interior de algunas edificaciones gubernamentales regionales en las cuales se sospecha se llevaron a cabo tratos crueles, inhumanos y degradantes a manifestantes que fueron detenidos por grupos paramilitares pro gobierno.
En torno a ello, es de hacer notar que todo ciudadano que pasa a ocupar cargos de la Administración Pública cuenta con la facultad de averiguar y el deber de denunciar todas aquellas situaciones que considere violatorias de las leyes venezolanas en un lapso de noventa (90) días contados a partir de su asunción de nuevas responsabilidades. Lo contrario constituiría una complicidad silente que agravaría la ya deteriorada condición de los derechos humanos en el país tomando en consideración el contexto en que se produjeron los hechos.
Es por ello que a 1 año de tales eventos, pedimos a las autoridades regionales electas la investigación oportuna, veraz y transparente tanto de los sucesos acaecidos como de la actuación de las fuerzas de seguridad y de grupos irregulares, para determinar su responsabilidad así como su debida sanción en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que se trata de eventos que a todas luces pueden ser calificados de delitos de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.
Coordinación de Asuntos Legales
PROMEDEHUM
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